Durante la pandemia se ha creado una difícil situación económica que derivará en una grave crisis. Se prevé cerrar 2020 con un descenso en el PIB de un 11,6 % que tendrá una recuperación parcial a lo largo del año siguiente según las previsiones realizadas por el Banco de España.
El déficit público se verá aumentado hasta un 10,5 % y la deuda pública se colocará en un 120% del PIB. La debilidad que se presenta en el consumo particular, las cifras crecientes de desempleo y la caída de mercados tan importantes como el inmobiliario ha creado una situación en la que España es el país con el peor pronóstico de toda Europa.
¿Cómo afecta esto a los impagos y la morosidad en las empresas Evidentemente la situación se verá perjudicada por la imposibilidad de llevar a cabo su actividad de manera plena en muchos sectores, lo que generará una falta de ingresos que provocará el aumento de los impagos.
Peor aún es la situación de aquellas empresas que se han abocado al cierre total por no poder hacer frente a los pagos o porque la morosidad de sus deudores les asfixiaba. Según los datos que recoge el Instituto de Seguridad Social hasta 90.000 empresas han tenido que cesar en su actividad con todo el problema para el tejido productivo que ello acarrea.
Es por esto que los impagos, el cobro de deudas y las acciones contra la morosidad juegan una especial importancia. Las empresas españolas se encuentran al límite y necesitan disponer de liquidez para poder llevar a cabo su actividad. Las ayudas estatales parece que no serán suficientes y se sitúan a niveles muy inferiores que otros países de Europa.
Además, los períodos de carencia de los préstamos ICO esconden una morosidad latente y potencial, que se pondrá de manifiesto en el momento en que las empresas deban empezar a devolver las cuotas de capital de dichos préstamos.
Las empresas en una difícil situación para recuperar impagos
Por otro lado, la reclamación de deuda por vía judicial también se está viendo afectada. La paralización de la actividad durante la pandemia ha provocado la acumulación de procesos de reclamación de deuda, quedando en el aire multitud de impagos. Los nuevos procesos abiertos por las empresas españolas contra personas en situación de morosidad se encuentran con una administración judicial saturada que no puede dar la respuesta adecuada.
A pesar de existir un Plan de Choque elaborado por el Ministerio de Justicia, no parece suficiente porque no viene acompañado por una suficiente provisión de medios. Por ello, a las empresas españolas sólo les queda la vía extrajudicial como manera para reclamar deudas e impagados. Los morosos han podido encontrar una manera de evitar el pago de sus deudas gracias a la situación de latencia que ha provocado la pandemia.
Por todo esto, las empresas se encuentran con una situación complicada para cobrar un impago o una deuda. No se encuentra un aparato estatal eficiente que dé respuesta adecuada para evitar la morosidad. Todo queda en manos de las propias empresas, que ya se encuentran en una situación difícil y que tiene que destinar parte de sus recursos a gestionar impagos.
Por ello en esta situación concreta es más importante que nunca contar con servicios de cobro de deudas e impagos que cuenten con expertos que puedan recurrir a las estrategias necesaria para actuar contra la morosidad. De esta manera, pueden tratar de evitar una mayor merma de liquidez.
La situación no es nada fácil para las empresas. Los impagos y la morosidad se ven aumentados, lo que requiere destinar parte de la actividad para conseguir la recuperación de las deudas. No existe un apoyo oficial que permite la resolución de conflictos de manera rápida y efectiva.
La resolución extrajudicial parece la vía óptima y se requieren de expertos profesionales para conseguir los mejores resultados.
